Despidos en El Mercurio y en otros medios chilenos

El Mercurio de Santiago “desvinculó” a 34 periodistas en las últimas dos semanas, incluyendo a Raquel Correa, Blanca Arthur y Mauricio Carvallo, figuras antiguas en el diario de Agustín Edwards. La empresa despidió en total a unos 130 trabajadores, incluyendo personal técnico y administrativo, que se estima aumentarán a 200 en los próximos días. A estos últimos despidos deben sumarse otros 41 acaecidos antes en El Mercurio de Valparaíso, 30 personas en noviembre-diciembre de 2008 y otros 11 en lo que va del año 2009.
Los despidos en medios rara vez hacen noticia, más bien se ocultan hasta en los órganos de la competencia, como si hubiera colusión para ocultar un asunto tabú, en el que todos los propietarios de diarios, radios y canales de TV están haciendo caso omiso a la petición del gobierno a los empresarios en general de congelar los despidos y no utilizar la crisis como pretexto para eliminar fuerza de trabajo y aumentar el desempleo. Las últimas “desvinculaciones” en el periodismo afectan también a numerosos trabajadores de prensa escrita, radio y televisión, en los últimos días en particular a las radioemisoras que maneja el grupo español Prisa a través de Ibero Americana Radio Chile, holding adquirido recientemente al venezolano Gustavo Cisneros, y en el diario La Hora, del grupo Copesa-La Tercera, de Álvaro Saieh. Edwards y Saieh controlan prácticamente toda la prensa escrita, nacional y local, del país.
Los despidos en El Mercurio ocurrieron después que los trabajadores votaran en asambleas su rechazo a la propuesta patronal de renunciar voluntariamente a la gratificación correspondiente al año 2008, pactada en el acuerdo laboral vigente. La empresa solicitó este sacrificio invocando la crisis económica, que tampoco parece afectar al diario, pues sus ediciones siguen exhibiendo abundante publicidad, en tanto el dueño –Don Agustín o El Viejo, como suelen llamarlo– acaba de renovar su helicóptero y adquirir dos Mercedes Benz último modelo. Los despidos coinciden también con la negociación colectiva para un nuevo acuerdo laboral entre sindicatos y empresa. Por ejemplo, actualmente están negociando dos sindicatos de El Mercurio de Valparaíso.

Crueldad gratuita
Los trabajadores denunciaron que ciertos jefes de El Mercurio parecieran disfrutar los despidos utilizando métodos crueles, como "echar a correr la bola" antes que el desahuciado sea notificado, de modo que todos sus compañeros sepan, excepto el afectado. Otra variante es la clausura previa de la cuenta de correo electrónico, que opera como un malvado “pre-aviso psicológico” o notificarlo el día 3 del mes para que el futuro desempleado deba... cumplir el turno de fin de semana “porque falta gente”.
Los trabajadores viven una zozobra permanente. "El irrespirable clima de incertidumbre, salpicado con peticiones inaceptables y presiones indebidas a las que se han visto sometidos muchos de nuestros afiliados, no contribuyen en nada al normal desempeño de las funciones que debemos realizar día a día", expresó el Sindicato de Periodistas, Reporteros Gráficos, Diseñadores y Documentalistas de El Mercurio de Santiago1. “Sólo nos queda aferrarnos a nuestros sindicatos”, dijo un trabajador de El Mercurio de Valparaíso, el diario más antiguo del país, donde se han producido 41 despidos desde noviembre de 2008. “No sabemos si la cosa ya pasó o recién está empezando”, manifestó otro periodista del diario de Valparaíso. “Vivimos en la incertidumbre, como si al despertarnos cada mañana estuviéramos forzados a jugar a la ruleta rusa”, añadió.
Entre los últimos despidos de El Mercurio de Santiago se encuentran el periodista de cultura Víctor Mandujano y el fotógrafo José Molina, entre muchos otros trabajadores de 55 a 60 años de edad que percibían salarios mensuales de 1,2 millones a 2 millones de pesos chilenos (equivalentes a 2 mil y 3.300 dólares). Los despidos más recientes en Santiago recayeron también en los fotógrafos Jaime Bascur Navarrete, Alejandro Carballal Soto, Juan Ernesto Jaeger Campos, Jorge Jouannet Cáceres, Raúl Maldonado Moncada, José Molina Sánchez, Homero Monsalvez Muñoz, Mario Muñoz Rodríguez, Mauricio Palma Muñoz; los diseñadores Lucía Cristi Cortés, Mario Jara Concha, Verónica Palacios Martínez, César Urrutia Jaramillo, Ricardo Varas Becerra y Marta Barraza Ortega (Las Últimas Noticias); los documentalistas Dante Duarte Núñez, Yolanda Moreno González, Pedro Muñoz Huala, Cecilia Rodríguez Gómez, Mirta Quevedo Godoy y Gustavo Villalobos Miranda: Ricardo Downey Collao y Claudio Salinas Matalón, de Crónica; Óscar Contador Biglia, de Deportes; Álvaro Rodríguez Vial, de Economía; Javier Rojahelis Busto, de Artes y Letras; David Aguirre Valencia y Valeria Verdugo Baltra, de Infografía; Marianella Arratia Fernández, de Revista Wikén; y Vadim Vidal Donoso, de Zona de Contacto.
Las presiones para renunciar a la gratificación se ejercieron en todos los medios que la empresa posee a lo largo del país: dos diarios de circulación nacional que se editan en Santiago –El Mercurio y Las Últimas Noticias, más el vespertino La Segunda, que circula de lunes a viernes en la zona central y más lejos en la mañana día siguiente– y otros 20 diarios locales que aparecen de Arica a Magallanes, más 38 radioemisoras locales de noticias –Digital FM–, operadas por las 11 jefaturas de prensa de la División de Diarios Regionales. La cadena tiene también Positiva FM, otra red de emisoras con presencia en 17 ciudades que anuncia la instalación de otras 11 frecuencias locales. Una vez rechazada la renuncia voluntaria a la gratificación, la empresa procedió a la nueva ola de despidos, que comenzó con un fotógrafo en El Mercurio de Valparaíso.

Censura en El Mercurio
Mientras se gestaban los despidos, el crítico de cine Juan Pablo Vilches, del suplemento Artes y Letras, dio una valerosa y solitaria batalla contra la censura que impera en el diario de Edwards. El periodista, que también es magíster en ciencias políticas, decidió dejar el diario en diciembre de 2008 cuando sus jefes no le permitieron publicar su comentario sobre la película El diario de Agustín.
El documental, de Ignacio Agüero y Fernando Villagrán, muestra retrospectivamente la influencia de El Mercurio en la política chilena, en particular su apoyo a la dictadura militar y el rol que desempeñó en el montaje y producción de noticias falsas ideadas para justificar desapariciones de personas. En connivencia con los servicios de inteligencia, el diario fabricó un incidente político durante la visita del Papa Juan Pablo II en 1987, con "culpables" previamente seleccionados en una suerte de “casting” por los productores de la falsa noticia, fotografiados como oyentes casuales de una alocución papal en un parque público y acusados de promover la violencia al día siguiente por el propio matutino. Este abuso descomunal, que era desconocido antes de la aparición del film, originó después un juicio que Agustín Edwards perdió en los tribunales, pero la noticia reivindicatoria de los dos jóvenes sindicados de “terrorismo” no se publicó en ningún medio, menos en El Mercurio. Atendiendo a principios éticos fundamentales, el Colegio de Periodistas "decidió darle su pleno respaldo” a Vilches y reiteró “su convicción de que la línea editorial de un medio no es incompatible con la libertad de expresión”.
"Cuando quise escribir sobre la película me dijeron que no se iba a publicar nada sobre ella", dijo Vilches2. "Lo que me decidió a dejar de colaborar en Artes y Letras fue que ni siquiera iban a leer la crítica; la película era tratada como una especie de tabú. Lo que ocurrió con mi crítica es un caso particular de la forma de tratarla como si no existiera, no haciéndose cargo de la interpelación seria que es ‘El diario de Agustín’, sus cuestionamientos sobre el pasado y, sobre todo, el presente del diario. Creo que el tema es demasiado importante, y El Mercurio es demasiado importante, como para que eso se ignore de esa manera. Por tal razón el proceder del diario no me pareció adecuado, así que decidí no escribir más en Artes y Letras. Por cierto que también me molestó no haber podido hacer mi trabajo: escoger la mejor película y la más relevante para el público del suplemento, y criticarla" concluyó.

Despidos en cadena
La Hora, de Álvaro Saieh, despide “por goteo”: la semana pasada echó al editor general y luego a 3 periodistas, informó el Sindicato de Periodistas y Afines del holding Copesa. A comienzos de año, ese diario de circulación gratuita “desvinculó” a una docena de periodistas. También surgieron amenazas de despidos en el Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, pero hasta hoy han sido frenados por la Iglesia. Según el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, desde diciembre han sido despedidos unos 300 trabajadores de medios de comunicación, entre periodistas, fotógrafos, diseñadores, técnicos y administrativos. El gremio se declaró en alerta, exigió que las autoridades hagan respetar el Código del Trabajo y llamó a fortalecer la sindicalización en los medios.
El Colegio de Periodistas afirmó en febrero que "no se han adoptado medidas que pudieran disminuir el impacto de la crisis. El ya antiguo tema de la distribución de la publicidad estatal, actualmente planteado ante el tribunal de la libre competencia por revista Punto Final, ha vuelto al tapete. El Estado chileno no ha cumplido, pese a que la Ley de Prensa así lo plantea, su obligación de velar por el pluralismo y la diversidad de lo medios".
Y es que la revista Punto Final libra su propia batalla contra el Estado por una distribución plural del avisaje del Estado en la prensa escrita, que actualmente favorece sólo a El Mercurio y La Tercera. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ofició a ambos diarios preguntándoles el valor de la publicidad estatal publicada en el último año, en tanto tres ministros –Hacienda, Justicia y Planificación– deben responder por qué esas carteras eligen siempre a esos dos diarios a la hora de colocar sus avisos. El reclamo está en una fase de análisis interno del tribunal, etapa previa a los debates en audiencias públicas en que los abogados del Consejo de Defensa del Estado desempeñarán el ingrato rol de defender la injusticia. Un cálculo optimista indicaría que todavía faltan tres años para una sentencia, a favor o en contra del reclamo de Punto Final. Las partes tienen luego la última instancia de la justicia chilena, que es la Corte Suprema…
A las 13:30 del 31 de diciembre los 31 periodistas del equipo de prensa de televisión La Red supieron que ése sería su último día del año sería también su última jornada de trabajo en la estación del mexicano Ángel González. El servicio de noticias fue cerrado, lanzando al desempleo a un total de 67 trabajadores. El primero en ser despedido fue un periodista que increpó al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, por los despidos masivos en los medios de comunicación. La empresa de González lo acusó de "desleal", aunque ocultó deslealmente la información de su despido inminente a sus propios trabajadores. "Fue horrible, nos notificaron a la una y media, pero teníamos que seguir trabajando, hacer las notas para el noticiario del mediodía con la cabeza en otro lado", relató uno de los ex trabajadores. Los periodistas de La Red no tenían sindicato.
El 21 de enero, Televisión Nacional de Chile lanzó al desempleo a 13 trabajadores, incluyendo a 3 productores periodistas, que se suman a los 42 despidos acaecidos el 31 de julio de 2008. Los tres sindicatos de la red estatal denunciaron que la medida responde a “la implacable conducta de la actual administración que bajo el argumento de la modernización reduce costos en trabajadores, mientras aumenta los gastos en el equipo gerencial”. Ese mismo día 21 de enero cerró el diario independiente Renacer de Angol, después de 36 años de publicación, dejando a 30 trabajadores desempleados, entre ellos a 7 periodistas.
El Colegio de Periodistas reclamó a las autoridades por "cambios arbitrarios y despidos injustificados en áreas de comunicación del aparato estatal sin explicación alguna", en un país donde el Estado es un relevante empleador de periodistas. La conmemoración del Día de la Prensa, el 13 de febrero, se convirtió en una protesta bajo el lema “¡No más despidos!”. Convocada por el Círculo de Periodistas de Santiago y el Colegio de Periodistas participaron también el Sindicato 3 del diario La Nación, la Federación de Trabajadores de los Canales de Televisión, el Sindicato de Canal 13, la Asociación de Reporteros Independientes, el Sindicato Nacional Telefónico –que representó a la Central Única de Trabajadores (CUT)– y la Agrupación Nacional de Trabajadores Fiscales (Anef), que también afilia a numerosos periodistas. Silvia Vera, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago (Usach), representó a los futuros periodistas.
Hubo poco que celebrar, pero la conmemoración se convirtió en un rechazo a los despidos. También vinculó la lucha de los periodistas por la democratización real de la libertad de expresión con las reivindicaciones que levantan diversos sectores laborales ante la crisis actual. Los diferentes oradores expresaron el apoyo de sus gremios a una batalla unida contra los despidos y la concentración de la propiedad mediática, a la vez que atribuyeron el creciente desempleo al fracaso del modelo neoliberal.
Un dato olvidado es que los primeros despidos justificados con la “crisis económica” ocurrieron hace dos años en El Siglo, cuando trabajadores de ese periódico del Partido Comunista decidieron organizar un sindicato. “De los 10 que constituyeron el sindicato, 2 fueron despedidos de inmediato logrando negociar su salida de forma medianamente honorable; otros 2 debieron concurrir a tribunales y ya ganaron sus demandas, pero la Editorial Siglo XXI apeló y sigue extendiendo los plazos de pagar”, explicó Julio Oliva, presidente del sindicato. “Dos trabajadoras que tenían sus contratos en regla fueron reintegradas tras el fin de la huelga, pero transcurridos 11 meses, una de ellas fue hostigada hasta el despido ilegal –y ya presentó su demanda– y la otra negoció su salida por estar con fuero maternal, aunque recibió solamente el mes por año de servicio”, explicó el dirigente. Los demás sindicalizados esperan un fallo del 6º Juzgado Laboral, donde el 10 de marzo presentaron testigos y pruebas. La sentencia saldría en seis meses.

Despidos en el grupo Prisa
El 13 de marzo, la filial en Chile del grupo hispano Prisa –propietario en España del diario El País y de editorial Santillana– despidió a una veintena de profesionales, técnicos y administrativos, incluyendo a tres periodistas de radio ADN 97.1 FM. En noviembre de 2008 el mismo consorcio despidió a 30 personas con el pretexto de la crisis internacional, que deben sumarse a 20 despidos anteriores. La transnacional hispana posee 12 emisoras en Chile, entre ellas las 6 más rentables del país, pero sus trabajadores carecen de organización sindical.
El grupo PRISA explota el espectro radioeléctrico a través de Unión Radio, cuya filial GLR (Grupo Latino de Radio) Chile, Ltda. adquirió hace dos años el control de Iberoamerican Radio Chile a Claxon Chile, S.A, entonces del grupo Cisneros de Venezuela, incluidas las radioemisoras Pudahuel, FM Dos, FM Corazón, Rock & Pop, FM Hit, FM Futuro, FM Imagina y FM Concierto. Seis de estas ocho radios estaban situadas entre las diez primeras del mercado chileno, mientras Iberoamerican facturaba alrededor de 21 millones de dólares. GLR Chile comenzó a operar en este país a través del Consorcio Radial de Chile (CRC), con las radios 40 Principales, Bésame, Radioactiva y W Radio. Todas estas emisoras poseen múltiples frecuencias FM a lo largo del país.
La Fiscalía Nacional Económica objetó que Prisa monopolizara más del 60% del mercado radial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte Suprema. En noviembre de 2007, la Suprema sólo puso como condición la misma que impuso el TDLC: que los españoles enajenaran en seis meses una de sus concesiones de frecuencia en Iquique, La Serena, Tongoy, Cartagena, Quilpué, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Nueva Imperial y Valdivia; y dos concesiones en Concepción, Villarrica, Osorno y Puerto Montt. No se sabe si cumplieron esta condición de la justicia.

Prisa en versión radio
Chile es uno de los países de América Latina y del mundo entero que exhibe la mayor concentración en la propiedad de los medios de comunicación y en la economía en general, incluyendo holdings que agrupan a cadenas de farmacias, supermercados y grandes tiendas.
Unión Radio sería el líder en los mercados de habla hispana, con 1.235 emisoras, entre propias y asociadas, en España, EEUU, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Asegura tener 28 millones de oyentes y planea expandir su presencia en el mundo hispano de EEUU y en América Latina.
En España, Unión Radio posee la Cadena SER, con programación hablada y musical en 40 Principales, Cadena Dial, M-80 Radio, Radiolé y Máxima FM, y opera radios en Los Ángeles y Miami. Posee radio Caracol en Colombia, GLR Networks, productora y distribuidora de programas y espacios comerciales con 60 emisoras afiliadas, en tanto en México comparte al fifty-fifty con el gigante Televisa la empresa Radiópolis, con W Radio, Bésame y 40 Principales, entre otros nombres y formatos radiales que se repiten en Panamá, Costa Rica, Chile, Argentina y Colombia.
El grupo Prisa, que arrastra deudas por más de 2.000 millones de dólares desde la muerte de su fundador –Jesús Polanco– en 2007, tiene otras ramificaciones latinoamericanas en prensa escrita y televisión, principalmente en Bolivia, donde controla el diario La Razón y la cadena de televisión ATB, pero se deshizo del periódico El Nuevo Día de Santa Cruz, que fue vendido a un socio minoritario, el economista Alfredo Leigue Urenda. En Chile intentó comprar La Nación, más interesado en sus talleres que en el diario, debido a su infraestructura capaz de imprimir numerosas publicaciones, desde el diario Metro al Diario Financiero.

Despidos en todo el mundo
La ola de despidos en los medios de comunicación tiene alcance mundial. El grupo multi mediático Clarín de Buenos Aires abrió en diciembre un retiro "voluntario" de personal que desvinculó del diario estrella del conglomerado a decenas de periodistas antiguos, diseñadores gráficos y editores del suplementos de Economía y revistas Ñ, Buena Vida, Mujer, Rural, Zonbalez y Olé. Entre otros fueron “desvinculados” Pablo Kandel, Fernando González, Carlos Eichelbaum, Armando Vidal, Pablo Abiad y Sabina Amboage y María Seoane, de mucha antigüedad en el matutino.
Esto ocurre mientras en Argentina se debate una nueva normativa que limita el poder de los grupos multimedios, impidiendo que los dueños de canales abiertos sean a la vez propietarios de cables en la misma ciudad en que operan. Regula que los canales de TV cable no operen en más de 24 localidades a la vez e impide que tengan más de 35% de abonados a nivel nacional. Asimismo, reserva un 33% del espacio radio-eléctrico para canales y radios de organizaciones sin fines de lucro, como sindicatos e iglesias, que no podían poseer licencias para operar canales de televisión y radios. Se trata de una regulación que debiera imitarse en países como Chile, donde el monopolio VTR domina en el cable, aunque no ofrece canales como Telesur, pero sí acoge a numerosos canales religiosos, en tanto su “competidora” Directtv –que al igual que VTR-Global Com. también termina en el magnate mundial Rupert Murdoch– cierra el paso a los canales de noticias 24 Horas y CNN-Chile, en otra demostración también contraria al pluralismo informativo.
En abril dejará de imprimirse el centenario Christian Science Monitor de EEUU, que continuará sólo en versión digital, al igual que el Kansas City Kansan. El mismo camino siguió el Seattle Post Intelligencer, que circuló diariamente desde 1863, y el Rocky Mountain News, de Denver. La cadena McClatchy puso a la venta el Miami Herald, que tiene la versión en castellano El Nuevo Herald. La segunda cadena del país del norte, Tribune Co., dueña del histórico Chicago Tribune, anunció su quiebra por 12 mil millones de dólares y The New York Times deberá hipotecar su edificio, pero entretanto vendió 7% de sus acciones al mexicano Carlos Slim, el tercer hombre más rico del planeta, dueño de Teléfonos de México y celulares Claro. Los Angeles Times, Atlanta Journal Constitution, San Francisco Chronicle y otros periódicos mundialmente conocidos anunciaron despidos, reducción de páginas y estados financieros críticos.
Univisión, la mayor cadena de televisión hispana en EEUU, anunció el despido del 6% de su personal, 300 trabajadores de TV, radio e Internet. El Nuevo Día de Puerto Rico eliminó 30 puestos de trabajo. Un estudio del Columbia Journalism Review aseguró que desde enero del 2007 hasta febrero del 2009 han sido “desincorporados” 11.250 periodistas, que con los nuevos anuncios de despidos pueden redondearse a 12.000. Desde 1990, desapareció el 25% de los empleos en periódicos. Entre 2000 y 2008, el sector de medios de comunicación perdió más de 200 mil empleos, según Advertising Age. Asimismo, los ingresos por publicidad cayeron en 23% en 2008, según la Asociación de Periódicos de Estados Unidos. Los pronósticos no son buenos para el 2009.
Los medios de España han despedido 1.705 trabajadores en ocho meses, mientras que otras 153 personas se acogieron a jubilación adelantada, según la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Y en toda América Latina cunde el desempleo de periodistas. Al igual que en los despidos de El Mercurio, tampoco se sabe si la tragedia “ya pasó o recién comienza”.

Notas:

1) http://sindicatodeperiodistas.blogspot.com/.

2) Blog de cine http://www.analizame.cl.

Batalla de Punto Final por un periodismo independiente

La revista Punto Final (PF) libra una titánica batalla legal contra el Estado de Chile en favor del periodismo independiente. En febrero –mes que en Chile se conmemora el Día de la Prensa (13)–, la publicación sentó en el banquillo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a tres ministros de estado para que expliquen por qué los gastos de publicidad del gobierno en prensa escrita favorecen casi exclusivamente al duopolio que controla hasta el 95% de los diarios del país: la cadena El Mercurio, de Agustín Edwards Eastman, y Copesa-La Tercera, de Álvaro Saieh Bendeck.

(Nota: Este artículo fue publicado en la revista Punto Final Nº 680, del 6 al 19 de marzo de 2009, y también en los periódicos electrónicos ArgenPress.info, Red Voltaire, Rebelión.org, SurySur.net, Felap.info, ObservatorioFucatel.cl, Contralinea.info, PRNoticias.com, DefensadelCobre.info y el diario La Primera, de Lima, y la revista Contralínea, de Ciudad de México, ambos en papel).

El TLDC citó a declarar por oficio a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco; Justicia, Carlos Maldonado; y Planificación, Paula Quintana, para que respondan a varias preguntas del abogado de PF, Alberto Espinoza Pino. La cuestión clave es por qué esos tres ministerios –al igual que el resto de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y Carabineros– contratan su publicidad preferentemente con los diarios de Edwards y Saieh.

Esta batalla por los derechos del periodismo independiente al avisaje estatal cobra bríos precisamente cuando recrudecen los despidos de periodistas en grandes medios de comunicación como los canales Televisión Nacional y La Red, y los diarios La Tercera y El Mercurio, entre otros. Los periodistas conmemoran el Día de la Prensa con la consigna ¡No a los despidos!, en defensa de las fuentes de trabajo.

“Esta es la primera vez que una publicación demanda al Estado y lo acusa dediscriminar a la prensa independiente en la distribución del avisaje fiscal, devulnerar las normas de la libre competencia y de restringir las posibilidades dedesarrollo del pluralismo informativo en la prensa nacional”, dijo Manuel Cabieses, director-fundador del quincenario desde su aparición en 1965.

Desde que el TDLC acogió la demanda –el 29 de julio de 2008– se han efectuado ocho audiencias públicas. Pero estos acontecimientos han sido ignorados en la cobertura de noticias de los grandes medios, excepto algunos periódicos electrónicos también independientes. Este juicio, sin precedentes en la democracia chilena, se desarrolla casi clandestino, aunque fue acogido unánimemente por todos los ministros del Tribunal: Eduardo Jara Miranda, presidente; Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares y Julio Peña Torres.

“El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile”, afirmó la demanda de PF.

La publicidad privada en Chile está ideologizada. Los avisos de las grandes empresas sólo se publican en la gran prensa, pero los lectores de los medios independientes también son usuarios de los servicios públicos que se financian con dinero de los contribuyentes, quienes tienen derecho a informarse en medios distintos a El Mercurio y La Tercera. El artículo 19° Nº 12 de la Constitución garantiza a todas las personas la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en tanto el artículo 19 Nº 22 consagra el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Asimismo, la Constitución establece la obligación del Estado de “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”, mientras el artículo 5° inciso 2 establece que el Estado debe “respetar y promover los derechos que emanan de la naturaleza humana” garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Avances del juicio

La defensa de los intereses fiscales recae en Chile en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo actualmente presidido por Carlos Mackenney Urzúa, designado por la jefa del Estado. La importancia que otorga el CDE a la demanda de PF se mide por el equipo de abogados que designó para su defensa, encabezado por los juristas Gonzalo Velásquez y Ruth Israel, quienes tienen la tarea de impugnar las acusaciones de la revista.

En enero, declararon como “testigos” del CDE la abogada jefa de la división jurídica de la Dirección de Compras y Contratación Pública, María Trinidad Inostroza Castro, el abogado –de la misma repartición– Pablo Prüssing Fuchslocher y el abogado del Ministerio de Justicia Ciro Cornejo Lorca.

La demanda contra el Estado apunta a la Dirección de Compras y Contratación Pública, un servicio descentralizado del ministerio de Hacienda que dirige el funcionario Tomas Campero y que está sometido a la supervisión de la Presidencia de la República.
Como testigos de PF, en diciembre de 2008 declararon ante el Tribunal el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Abraham Santibáñez; los Premios Nacionales de Periodismo Faride Zerán y Juan Pablo Cárdenas; el diputado Marco Enríquez-Ominami y el periodista y académico Walter Krohne.

Duopolio El Mercurio/La Tercera

El control del El Mercurio y La Tercera sobre el mercado de diarios “lo podemos identificar como un duopolio que es en verdad un monopolio”, argumentó la demanda. “Ambas cadenas controlan entre un 85 y un 95 por ciento de la prensa escrita –diarios, periódicos, revistas, de circulación nacional, regional y comunal–, siendo ampliamente mayoritaria la de El Mercurio”, añadió. “Sin embargo, y a pesar de ser cadenas empresariales, en el hecho –y para los efectos de la libertad de expresión e información– constituyen un monopolio ideológico”.

Edwards posee dos diarios de circulación nacional que se editan en Santiago, El Mercurio y Las Últimas Noticias; más el vespertino La Segunda, que se publica en la capital pero circula en gran parte del país; y otros 20 diarios regionales: La Estrella de Arica, La Estrella de Iquique, El Mercurio Antofagasta, El Mercurio de Calama, La Estrella del Norte, La Prensa de Tocopilla, La Estrella de Loa, El Diario de Atacama, El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, El Lider de San Antonio, Crónica Chillán, El Sur de Concepción, Crónica de Concepción, El Renacer de Arauco, El Austral de Temuco, El Austral de Valdivia, El Austral de Osorno, El Llanquihue de Puerto Montt y La Estrella de Chiloé. Además, negocia La Prensa Austral y El Magallanes de Punta Arenas.

El Estado también le otorgó –y continúa asignándole– numerosas frecuencias radiales a El Mercurio. Su división Diarios Regionales opera Digital FM, red de música y noticias –locales y nacionales– presente en 38 ciudades a lo largo del país, con 11 jefaturas regionales de prensa en otras tantas urbes importantes. El concepto mercurial del “periodista multimedia” obliga al reportero de un diario regional a elaborar una misma noticia para el diario, la radio local y la edición nacional: tres trabajos por el mismo salario. La cadena tiene, además, Positiva FM, otra red de emisoras con presencia en 17 ciudades que anuncia la instalación de otras 11 frecuencias locales. Asimismo, El Mercurio opera portales juveniles como Mimix.cl y Team Miss Verano.

Saieh, quien se hizo millonario durante la dictadura, posee el Consorcio Periodístico de Chile, SA (Copesa), que controla los diarios de circulación nacional La Tercera, La Cuarta y el semanario Qué Pasa, además del matutino La Hora, de distribución gratuita en la capital. También comercializa los suplementos Mujer, Icarito, Deportes, Glamorama, Agenda Urbana, Club La Tercera, Mouse y Virus, a la vez que controla las radios FM Zero, Duna y Carolina. Entre otros negocios, posee también CorpBanca, con presencia en varios países, y la cadena de supermercados Almac, adquirida a D&S antes que ésta vendiera el resto de su red minorista –Líder y Ekono– a la estadounidense Wal Mart.

Las páginas del duopolio ideológico El Mercurio/Copesa cumplen el rol de caja de resonancia de la extrema derecha y suelen cuestionar ásperamente las moderadas políticas sociales de los gobiernos post dictadura, pese a que reciben una suerte de subsidio en publicidad del Estado. No funcionó la política comunicacional del gobierno que aspiraba a “seducir” a esos medios cómo si efectivamente fueran imparciales.

Ambas cadenas están comprometidas de manera fundamentalista con la ideología del neoliberalismo y no acogen visiones críticas, ni siquiera sobre la crisis mundial en desarrollo. Sus contenidos entregan a diario “propaganda informativa” en favor de las políticas neo-conservadoras, de los grandes grupos económicos y financieros, incluido el sistema privado de fondos de pensiones de cuyas pérdidas ascienden al 30%, por más de 30 mil millones de dólares.

La contienda legal de PF ocurre en un país que la propaganda de los grandes medios locales y mundiales convirtió en un ejemplo latinoamericano para la inversión extranjera y una suerte de “paraíso de la libre competencia”, que no existe para la prensa independiente, ni para las pequeñas y medianas empresas de cualquier naturaleza.

La noticia del juicio para hacer cumplir al Estado cumpla con los principios de “la libre competencia” no ha merecido la atención de los grandes medios, que a diario embriagan al público con la cultura consumista del neoliberalismo salvaje heredado de la dictadura militar de 17 años. La clase política que surgió de los escombros de la dictadura y ha conducido durante 19 años los cuatro gobiernos que sustituyeron al régimen castrense estimula con entusiasmo el fortalecimiento del modelo en crisis que sí ha beneficiado a los grandes grupos económicos y poder mediático. El Estado ha sido un facilitador de grandes negocios, como el salvataje de La Tercera-Copesa en quiebra, ocurrido bajo el gobierno de Patricio Aylwin, al comienzo de la “transición a la democracia”, cuando el Banco del Estado le saneó la deuda tóxica al diario.

El Estado prefiere a El Mercurio

Un estudio del Observatorio de Medios Fucatel, correspondiente a 2005 y citado por PF, reveló que El Mercurio se benefició con el 48% del gasto del Estado en publicidad en medios escritos, mientras Copesa absorbió el 29% de un total de 4.315 millones de pesos chilenos, equivalentes a 8 millones de dólares de la época, gastados por el gobierno central, municipalidades, servicios e instituciones del Estado, calculados al precio del valor agencia. Mientras el duopolio de Edwards y Saieh concentraba el 77% del total de esa inversión publicitaria, los diarios regionales, revistas y periódicos independientes percibieron apenas el 15%.

El gasto actual del Estado en publicidad en prensa escrita ascendería hoy a unos 9 millones de dólares, equivalentes al 25% de los 36 millones de dólares en que se estima el gasto publicitario total gubernamental. La televisión se lleva la mayor parte de los 27 millones de dólares restantes, en desmedro del medio radial. Los 9 millones que el Estado gasta en medios impresos representan el 1,3% del gasto público y privado en publicidad en Chile, estimado en 700 millones de dólares anuales, dato basado en informes de Megatime, que verifica la inversión publicitaria, y de otras empresas del rubro como Omnicom Media Group.

Según Fucatel, las carteras de Hacienda, Mideplán, Justicia y el Ministerio Público colocaron el 70% de su publicidad en El Mercurio, que recibió casi el 90% de los recursos publicitarios de Tesorería y cerca del 50% del avisaje de las corporaciones públicas de Fomento (Corfo) y Nacional Forestal (Conaf) y del estatal Fondo Nacional de Salud (Fonasa), cuyos afiliados pertenecen en su mayoría a estratos socioeconómicos medios y bajos, lejos del perfil de los lectores de El Mercurio.

Historia de un combate

La lucha de PF por la democratización del gasto estatal en publicidad comenzó en 2002, con una carta de Cabieses al presidente de la época –Ricardo Lagos–, pero tuvieron un hito importante el 13 de septiembre de 2006, cuando la revista recurrió al Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara Vial, contra el incumplimiento de los principios de la “libre competencia” por parte del Estado. El Fiscal Vergara se tomó más de un año para responder –el 26 de octubre de 2007– que a “la libre competencia” sólo la regula “la mano invisible del mercado”: “De hecho, en general, las entidades públicas contratan dicho avisaje en función de parámetros de mercado”, dijo.

“[…] No se han allegado antecedentes o indicios que permitan sostener la existencia de infracciones a la libre competencia por parte del Estado o sus organismos en la contratación de avisaje en medios escritos, ni tampoco que indiquen la existencia de conductas colusivas u otras anticompetitivas por parte de las empresas con mayores participaciones de mercado”, afirmó el Fiscal.

Cabieses dijo que el 12 de junio de 2002 le manifestó al presidente Lagos “que las motivaciones discriminatorias de la empresa privada –de naturaleza esencialmente ideológica– «no deberían ser válidas para la publicidad estatal» ya que «al gobierno que reconstruye la democracia debería interesarle fomentar el pluralismo informativo y la libertad de información y opinión, cuidando sostener los escasos medios independientes y críticos que en Chile intentan hacer efectiva la diversidad»”.

El 26 de julio de 2002, el entonces ministro Secretario General de Gobierno,
Heraldo Muñoz, recibió a representantes de los medios independientes y del Colegio de Periodistas para darles a conocer la voluntad presidencial de buscar una solución al problema. Señaló que –por instrucciones del presidente de la República– se había orientado a ministerios y servicios públicos a distribuir la publicidad con un sentido de mayor equidad en resguardo del pluralismo informativo.

Pero no pasó gran cosa, excepto dos avisos del Programa del Voluntariado de la Dirección de Obras Sanitarias que PF publicó en octubre y diciembre de ese año. Cabieses relató que “el ministro Heraldo Muñoz fue reemplazado por el señor Francisco Vidal, a quien escribí el 13 de marzo de 2003: «Han pasado casi ocho meses y la política que se nos anunció todavía no se materializa. Los medios independientes siguen siendo excluidos hasta de campañas publicitarias de vasto interés ciudadano sobre salud y educación que promueve el gobierno»”.

La distribución anómala de la publicidad estatal en nada cambió. Entretanto, la revista cultural Rocinante dijo adiós a sus lectores por falta de ingresos publicitarios, mientras la discriminación continúa afectando a radios, medios electrónicos, estaciones de televisión comunitaria y periódicos independientes.

El 27 de abril de 2006 Cabieses le escribió a la presidenta Michelle Bachelet: “La solución real es una ley que establezca la obligación del Estado de distribuir en forma equitativa su publicidad para garantizar el derecho ciudadano de información y opinión. Sin embargo, entretanto, se necesitan medidas administrativas que hagan posible mayor igualdad en el acceso a la publicidad del Estado y que impidan así la extinción de la prensa independiente de Chile”.

Tampoco pasó nada. Cabieses recordó en la demanda que el 14 de junio de 2006 el entonces ministro Secretario General de Gobierno Ricardo Lagos Weber –hijo del ex presidente–, “eludió pronunciarse sobre el fondo del asunto planteando y sostuvo que la contratación de publicidad se hace conforme el sistema de compra del Ministerio de Hacienda y que en los llamados a concursos y propuestas de clara identidad regional, provincial o comunal debía haber consideraciones especiales hacia los medios locales”.

Para PF, “se configura de manera muy clara, una infracción a la libre competencia, en la cual hay, sin duda, responsabilidades del Estado y también de las cadenas El Mercurio y Copesa en la distribución discriminatoria de la publicidad y avisaje estatal”. Añadió que esta situación “ha sido repetidamente denunciada por el Colegio de Periodistas, por medios independientes como Punto Final y por investigadores chilenos y extranjeros sobre la realidad de la prensa en Chile”.

Investigación del Congreso

La Cámara de Diputados también se interesó en la distribución asimétrica de la publicidad del Estado. El 17 de octubre de 2007 aprobó por unanimidad el informe de una Comisión Especial Investigadora del Avisaje del Estado, presidida por el diputado Marco Enríquez-Ominami. Su informe criticó la “discrecionalidad y concentración del gasto de la publicidad estatal” como fortalecedora del duopolio de los medios.

La Comisión, integrada por todos los sectores representados en el Parlamento y creada en junio de 2006, pidió una ley que regule la publicidad estatal y que el Estado asuma el deber de informar sobre las leyes que entran en vigencia, estableciendo mecanismos de apoyo a los medios locales o regionales.

"Así como el Estado debe asumir que la regulación de la publicidad oficial es una tarea esencial para asegurar la transparencia en la contratación de la difusión de las políticas públicas, también debe asumir que su falta de regulación favorece la concentración en la propiedad de los medios", concluyeron los 69 diputados que aprobaron el informe. Concluyeron que "la concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto es un obstáculo para hacer efectivas las garantías" constitucionales de pluralismo y diversidad social, cultural y política.

También descubrieron que el Estado no sabe con exactitud cuánto gasta en publicidad en todos sus organismos, ya que los municipios, por ejemplo, son autónomos en sus gastos de propaganda y la Cámara de Diputados no puede fiscalizarlos. Recordaron que el Banco del Estado concurrió a la Comisión pero se negó a entregar información alegando una supuesta protección legal. Aunque la Contraloría le aplicó multas al “banco de todos los chilenos”, los diputados registraron que las empresas públicas deciden a su arbitrio y sin mayor control los gastos y métodos que utilizan para su publicidad.

La Cámara concluyó que el gasto en publicidad del Estado "es marginal en relación a la empresa privada", situándolo en un 5 % de “la torta publicitaria” de 700 millones de dólares anuales, es decir, unos 35 millones de dólares. La televisión se lleva la mayor parte de esa torta, unos 27 millones de dólares.

Según información de la Dirección de Presupuesto, el ítem de Publicidad y Difusión de 2004 alcanzó a unos 21 millones de dólares (13.570 millones de pesos chilenos), 32 millones en 2005 (21.000 millones de pesos) y 15 millones de dólares hasta agosto de 2006 (10.000 millones de pesos). La comisión valoró que la publicidad estatal "puede ser significativa para los medios pequeños y regionales".

Los legisladores recomendaron una ley regulatoria de la publicidad oficial, que promueva transparencia y eficiencia en la contratación y selección de medios, recomendando un aumento de la inversión del Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, para mejorar su calidad, y así favorecer el pluralismo y la libertad de expresión.

Los diputados subrayaron que los medios distintos a las cadenas El Mercurio y Copesa-La Tercera pueden verse afectados "por las condiciones de contratación vigentes en Chile y atendiendo a que los criterios que se utilizan para la selección de medios son los datos de circulación y precio, que actualmente no miden a dichos medios". Señalaron que el statu quo “atenta contra el pluralismo y favorece la concentración” de la propiedad de los medios.

Este informe de los diputados tuvo escasa o ninguna difusión1 en los grandes medios. Nunca más se oyó hablar del tema.

Un mecanismo poco claro

A raíz de una seguidilla de escándalos en los contratos del ministerio de Obras Públicas, el gobierno de Lagos creó en 2003 el portal de comercio electrónico ChileCompra.cl, para “transparentar” las licitaciones públicas, pero todavía “no existe claridad sobre la forma en que se distribuyen los recursos de inversión publicitaria de los servicios públicos”, alegó la demanda del director de PF.

“Si bien es cierto que existe el sistema Chile-Compra, en el cual PF y otros medios independientes se encuentran inscritos, la publicidad estatal se canaliza a los grandes medios por vías que no se corresponden con la igualdad de oportunidades y la libre competencia”, añadió. “Existe una verdadera política discriminatoria articulada desde el Estado que tiene una fuerte incidencia en el mercado de los medios de comunicación, favoreciendo ostensiblemente a unos en desmedro de otros, comprometiendo de esta forma la libre competencia. El mercado libre, en consecuencia es objeto de una intervención estatal, generándose entre servicios del Estado y los medios favorecidos por la política de avisajes verdaderas «trenzas» para controlar la publicidad estatal mediante tarifas y descuentos especiales, tratos y convenios directos con las empresas, porcentajes de comisiones que se reparten entre agentes de empresas publicitarias y funcionarios encargados de distribuir la publicidad fiscal, diversidad de obsequios y viajes para estos últimos, etc.”

También existe un marcado interés de ministros y autoridades por mantener las mejores relaciones con El Mercurio y La Tercera. “Es muy relevante en ese sentido la participación de ministros, parlamentario y dirigentes de partidos de gobierno en fundaciones creadas por El Mercurio, como Paz Ciudadana, y la presencia de los presidentes de la Republica y ministros de los gobiernos democráticos en las actividades sociales que organizan ambas empresas periodísticas”, argumentó la querella de PF.

Para adquirir "representación" y reivindicarse políticamente, después de haber solicitado directamente a Richard Nixon la intervención de EEUU contra Salvador Allende –sin excluir una invasión–, el ex vicepresidente mundial de la Pepsi Cola Agustín Edwards creó en 1992 la Fundación Paz Ciudadana, cuya misión es "contribuir a la disminución de la delincuencia a través de la colaboración técnica en la formulación de políticas", etc.2

La entidad terminó siendo designada por Lagos “asesora” gubernamental en diseño de políticas antidelincuencia. Hoy se jacta de su influencia en esa área, aunque nunca ha encargado un estudio que relacione delincuencia con exclusión social. El comerciante Edwards se las arregló para participar en las decisiones del gobierno de Chile sin que nadie lo eligiera.

En la cúpula de Paz Ciudadana figuran conspicuos miembros del gobierno y de los partidos que lo sustentan. Sergio Bitar, actual ministro de Obras Públicas, ex ministro de Educación y ex presidente del Partido por la Democracia (PPD) funge como vicepresidente y secretario. Uno de sus 6 directores es el ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, responsable de las políticas gubernamentales anti-delincuencia y vicepresidente en ausencia de la jefa del Estado.

En la jefatura de este exclusivo club de Edwards se encuentra también Soledad Alvear Valenzuela, ex canciller, ex ministra de Justicia, ex aspirante presidencial y ex presidenta del partido Demócrata Cristiano. También José Joaquín Brünner Ried, ex ministro de Educación y ex ministro Secretario General de Gobierno, considerado un experto en educación pública, pero... con fines de lucro.

Los directores restantes son Paola Luksic Fontbona, de la familia más rica de Chile por su control del cobre y otros negocios; Alfredo Moreno Charmé, formado en la escuela de Economía de la Universidad de Chicago y ligado a los grupos económicos Del Río (Falabella-Sodimac) y Penta (Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano); y Jaime Orpis Bouchón, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), principal herencia política del pinochetismo

La demanda de PF ante el TDLC menciona una “trama de relaciones políticamente incestuosas” que “estaría infringiendo la igualdad de trato que el Estado debe mantener en sus compras conforme a la ley 19.886 (de base sobre contratos administrativos, de consumo y prestación de servicios)”. Esa ley, además, “no autoriza discriminación a favor de un agente determinado, a menos que se trate de un caso excepcional y debidamente fundado” y las excepciones no incluyen al avisaje ni los servicios de publicidad. La ley tampoco autoriza que tales servicios sean eximidos de concursabilidad.

La cuestión de fondo es la existencia de “una política estatal interventora de la libre competencia y no una cuestión circunstancial, señaló la acusación de PF. La demanda cita el libro Las dos caras de la libertad de expresión, del académico y periodista Walter Krohne, publicado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en 2005. Existe también otro estudio de 2008, El precio del silencio3, que describe cómo se arreglan en Chile los contratos de publicidad del Estado “licitados” a través del portal ChileCompras.cl, rebautizado como MercadoPúblico.cl.

Si la batalla judicial nos prospera, una vez agotadas todas las instancias judiciales en Chile, sólo queda la posibilidad de reclamar justicia en la Corte Interamericana. Mientras avanza la regulación e intervención del Estado en el gran capitalismo mundial –EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia, etc.–, una norma que regule la publicidad privada y meta mano en la concentración de la propiedad mediática aún suena a ciencia ficción en este país embriagado de ideología neoliberal.

Notas:
1) Ver informe en http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmid=28177&prmTipo=NOTICIAS&prmdoc=101
2) Ver http://www.pazciudadana.cl/fpc-mision.php).
3) El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina, Asociación por los Derechos Civiles de Córboba, Argentina, 2008.